Piden cambios en regulación de México
Los expertos exigen al gobierno mexicano que establezca cambios legislativos en relación con los juegos de azar.
México.- Tras un análisis oficial sobre el desarrollo de la industria de juegos de azar de México, los expertos demostraron que están a favor de cambios en la legislación nacional para permitir mayor transparencia y oportunidades en las operaciones de casinos y apuestas en todo el país norteamericano.
El reporte oficial de 2017 muestra que más de tres millones de jugadores pasaron por los casinos mexicanos con licencia. Las operaciones de la industria de juegos de azar mexicana son lideradas por Grupo Caliente y Codere, ambos miembros de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (APJSAC) a cargo de Alfonso Pérez Lizaur. La tercera integrante que participa en esta industria es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Juego de Azar, que lleva Carlos Carrión.
“Actualmente la industria que ha cautivado a un sinfín de personas a través de los juegos de azar tiene 33 permisionarios regulados por la Secretaría de Gobernación (Segob) y está valuada en alrededor de 10 mil millones de dólares, y brindan empleo a 190 mil personas (40 mil directas y 150 mil indirectas)”, según reportó el comunicado, encabezado por Miguel Ángel Ochoa, representante de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA).
Uno de los puntos que los expertos consideran que deben ser modificados son los impuestos, que van en contra de la inversión empresarial y de la “Constitución Nacional”, según Ochoa. “Existe un impuesto de 30 por ciento del IEPS (un impuesto especial) y de 2 por ciento de aprovechamiento por uso de permiso que cobra la Segob. Además, el gobierno mexicano ha empezado a implementar diversos impuestos, entre ellos, el 10 por ciento sobre el consumo en Nuevo León, Edomex y Yucatán”, comentó Miguel Ángel Ochoa.
“A pesar de que el gremio representa un porcentaje mínimo de contribución al Producto Interno Bruto, ya que no llega ni al 1 por ciento, el panorama podría cambiar considerablemente si se tuviera la legislación necesaria”, concluyó Ochoa.
