La Fundación Codere analizó la regulación mexicana

La Fundación Codere presentó, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un estudio de la regulación mexicana y explicaron lo más destacado.

México.- Ezequiel González Matus y Gabriela Ríos Granados, autores del Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas -presentado por la Fundación Codere y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-, explicaron los puntos más destacados del proyecto y sus recomendaciones generales.

Apuntaron que existe una brecha entre regulación y actividades reguladas en México, con una Ley Federal de Juegos y Sorteos que data de 1947 y un reglamento que se desarrolló hace 13 años. Además, explicaron que en México rige un principio restrictivo en el sector del juego, es decir, están prohibidas todas las apuestas que no contemplen las normas. Pero se da la paradoja de que ninguna de estas menciona la palabra “casino” y que esta actividad está permitida hoy gracias a la figura de los “juegos y sorteos de símbolos y números” que sí contempla la ley.

Como tercer punto, apuntaron que en la legislación federal está permitido el juego online, pero no hay reglas específicas para su operación. Está permitido, pero no regulado y explicaron que la autoridad reguladora del juego en México se encuadra dentro de la Secretaría de Gobernación, pero que carece de herramientas para imponer directrices y controlar la tecnología que se usa en la actividad del juego.

También señalaron que el reglamento de 2004 estableció una serie de requisitos para que las entidades privadas pudieran entrar a operar en el sector del juego, pero, por otro lado, esa misma norma no regula el juego desarrollado por las agencias públicas y calificaron al marco normativo fiscal como “muy pobre, o carente”, en lo que a tributación del juego online se refiere. Además, no hay datos fiables que puedan cuantificar los recursos que se pueden escapar de las arcas mexicanas por esta razón y apuntaron que no existe transparencia sobre el destino de los fondos que pagan las empresas concesionarias del juego en concepto de derechos de aprovechamiento.

Por último, señalaron que existe una sobrerregulación en materia tributaria para las empresas concesionarias en los distintos niveles administrativos, a pesar de la falta de una agenda definida sobre tributación de juegos y sorteos con apuestas en las políticas públicas. Sobre las empresas concesionarias, explicaron que tienen que cumplir con una legislación muy estricta en materia de prevención de blanqueo de capitales, lo que estigmatiza la operación de casinos frente a otras actividades, como la de alquiler de bienes inmuebles, también con riesgo de lavado de dinero. También dijeron que el juego en México, como en cualquier otro país, necesita ser regulado, porque es una actividad viva y la regulación del juego es reflejo de la política pública.

Sobre los problemas existentes, recomendaron: definición clara de un régimen de autoridad reguladora sobre el juego público, en el que se incluyan las funciones y la naturaleza de ese órgano rector; definición clara de las actividades de juego permitidas y no permitidas por la ley; normativa específica y diferenciada para la actividad de casinos presenciales frente a los online; desarrollo de modelos de protección a los consumidores en la regulación del juego, con límites temporales y cuantitativos sobre la actividad, así como protegiendo la identidad y los datos personales de los jugadores; inclusión de un régimen de sanciones definido para garantizar el correcto funcionamiento de una actividad, como es el juego, tan sensible socialmente.